Pese a que la demanda no estuvo originalmente en ninguno de los petitorios que dieron origen a las movilizaciones, se ha socializado y difundido bastante en las últimas semanas la demanda de educación gratuita para todos los estudiantes de educación superior, cuestión que derechamente no comparto, posición que he creído necesario compartir y definir más claramente.
Lo primero es derribar un mito. EN estricto rigor la educación nunca es gratuita pues alguien tiene que pagarla, la discusión entonces no debiera versar en si es o no gratuita sino en quien la financia, el Estado o las familias, y en qué proporción lo hacen.
En segundo lugar y teniendo en consideración lo anterior, entendemos que las familias no pueden soportar el peso de la educación superior, esto por los altísimos costos que eso supone, y por lo tanto es principalmente el Estado el que debe encargarse de financiarla a través de aportes basales.
Es en lo siguiente donde surgen las discrepancias, ¿en qué proporción debe financiar el Estado?. Quienes defienden la “educación gratuita” naturalmente excluyen totalmente el aporte de las familias, la educación superior debe, según ellos ser financiada exclusivamente con fondos del Estado. Ante esto algunos hemos sostenido que ello no es correcto pues la estructura tributaria en Chile es sumamente injusta pues quienes tienen más no aportan lo que deben y además por impuestos como el I.V.A. el que es regresivo por definición. Argumentan entonces que el paso previo para conseguir “educación gratuita” es realizar en Chile una profunda reforma tributaria que cambie el sistema por uno más equitativo aumentando el impuesto a las utilidades y a ciertos recursos naturales (ya sea por concepto de royalty o derechamente renacionalizando el cobre). Existiendo entonces un régimen tributario justo y equitativo, los estudiantes no debiesen aportar a la educación.
Pero aún coincidiendo en la gran parte de la argumentación, mantengo mi discrepancia; mi cuestión es la siguiente, aún con una estructura tributaria equitativa, ¿debe el Estado financiar la educación de todos los estudiantes, incluidos los más ricos?
El rol del Estado es garantizar a los chilenos mayores estándares de justicia social y ello se logra garantizando derechos básicos a quienes lo requieren, no a toda la población pues las políticas públicas deben ser focalizadas; solo así se redistribuye la riqueza, de este modo no todos los jubilados reciben la pensión básica solidaria ni todos los chilenos asistimos a los hospitales públicos. Quienes sostienen la tesis de la educación gratuita lamentablemente cometen el gran error de transformarla en una demanda gremial, y no consideran en su argumentación que el Estado tiene también otras prioridades igual de importantes como son la superación de la pobreza, garantizar la salud de calidad, condiciones de trabajo adecuadas, inversión en infraestructura y obras públicas, etc., e incluso prioridades en otros niveles de la educación como son la enseñanza preescolar, básica y media.
Entonces ¿debe el Estado garantizar a los más ricos educación gratuita a costa de dejar de lado otras prioridades? A mi juicio NO. Lo que debe garantizar el Estado es que nadie, por carecer de recursos no pueda acceder a la educación superior. Por ello es que considero que la educación debe ser gratuita solo para los tres primeros quintiles y establecer un arancel diferenciado para el cuarto y el quinto; ello es mucho más justo y equitativo y principalmente permitiría al Estado liberar recursos para invertir en otras áreas que también son necesarias. No es trivial recordar que el problema económico consiste precisamente en como satisfacer las necesidades ilimitadas de la sociedad con los recursos limitados que se tienen, aún con la reforma tributaria más gravosa que se pudiese implementar.
Esto es de toda lógica, de hecho fue el planteamiento original de la Confech con el que nació este movimiento y por distintas razones se fue perdiendo, a mi juicio entre otras porque no es tan llamativo el slogan “Educación pública y con arancel diferenciado y de calidad”, pero estoy convencido que es lo más justo, lo más adecuado a la realidad chilena y lo que permitiría además obtener un éxito mucho más realista tras las movilizaciones.
