Chile, como en muchos
asuntos, en materia previsional constituye una excepción a la regla en la
comunidad internacional y por cierto en la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), la que acaba de integrar. Mientras en el mundo la
tendencia es que los países desarrollados cuenten con sofisticados sistemas de
seguridad social y sistemas de reparto inspirados en el principio de
solidaridad, en Chile, en el marco de las reformas neoliberales de los 80´, se
abandonó dicho sistema por uno de capitalización individual, único en el mundo,
que hoy muestra los primeros síntomas de su fracaso al otorgar pensiones con
tasas de reemplazo mucho menores a las prometidas y creando una industria que
se ha transformado en una gran amenaza para la independencia de la actividad política
y la prensa.
No
obstante la aplicación de dicho modelo, en el marco del plan laboral del
entonces Ministro de Trabajo José Piñera, en nuestro país subsiste el régimen
de reparto en dos casos: en el de los trabajadores que se rehusaron a cambiarse
al sistema de AFP, a cargo del Instituto de Previsión Social (ex INP) y el que
rige para las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de
Chile (Capredena y Dipreca). Más allá del debate que genera el hecho de que en
nuestro país subsistan regímenes previsionales distintos -dado el rechazo de
las Fuerzas Armadas a someterse al sistema de capitalización individual-, el
hecho es que el sistema de reparto con el que quedaron afectos está lejos de
ser sustentable e implica un enorme gasto fiscal con un déficit que alcanzó el
2010 un 0.9% del PIB[1],
lo que representa casi un tercio del presupuesto destinado a Defensa, es decir,
aproximadamente 2.200 millones de dólares.
Dicho
déficit se debe principalmente a:
a.
La existencia de una serie de privilegios
previsionales a favor de los uniformados y del abuso que de ellos se han
realizado, como consta en un reportaje de CIPER Chile hace unos años[2].
b.
La cotización de los uniformados es
significativamente más baja que en el régimen de capitalización individual,
mientras éstos cotizan un 6% en Capredena y un 5,95% en Dipreca, el resto de
los chilenos cotiza aproximadamente un 12,5% en su respectiva AFP.
c.
A lo anterior se suma que los uniformados pueden
jubilar a partir de los 20 años de servicio, no obstante ser posteriormente
recontratados por la institución con la posibilidad de reliquidar sus
pensiones, lo que reduce significativamente el aporte que éstos hacen a las
cajas de previsión.
El Gobierno ha enviado
un proyecto de ley[3]
con la intención de solucionar éste problema. Ahora bien, dicho proyecto no
está bien orientado y claramente no es suficiente para lograr su finalidad, en
particular porque establece reformas que implican en el corto y mediano plazo
un mayor gasto fiscal, como la eliminación de la cotización previsional de los
uniformados mayores de 65 años y si bien es un avance en la línea de eliminar
algunas distorsiones del sistema de reparto (elimina dobles pensiones y abonos
de años de servicio y limita los beneficiarios montepíos y las reliquidaciones),
deja vigentes algunas de ellas. Es decir, el Gobierno no aborda la problemática
central: la sustentabilidad económica del sistema y con ello la imperiosa
necesidad de reducir el déficit.
Algunas
voces, como la del creador del sistema, José Piñera, han señalado que una
solución es eliminar el sistema de reparto y pasar a los uniformados a las AFP
como al resto de los chilenos, aunque creando y manteniendo ciertos
privilegios. Lo anterior debe ser rechazado de plano, dado que dicho sistema ha
demostrado no ser eficiente ni capaz de otorgar pensiones dignas a los
trabajadores chilenos, y el Estado debe garantizar que los uniformados cuenten
con cierta estabilidad y ciertos beneficios que hagan atractiva su carrera evitando
con ello la corrupción en dichas instituciones.
En
síntesis, los esfuerzos debiesen estar orientados a compatibilizar la necesidad
de tener un sistema previsional que sea de reparto, pero a la vez sustentable,
y se reduzca el creciente déficit para liberar recursos de Defensa e invertir con
ellos en otras prioridades sociales.
Lo
anterior trae implícito el desafío y la oportunidad de demostrar que en Chile sí
es posible establecer un sistema de reparto que otorgue pensiones dignas a sus
cotizantes, y junto con ello no dar una carga excesivamente onerosa al Estado. Todo
ello puede servir de ejemplo y fundamento para realizar un profundo cambio al
sistema previsional para el resto de los chilenos, hacia uno digno, solidario y
sustentable.
