En las últimas semanas se ha
desenvuelto un escenario insólito desde el regreso de la democracia; la firma
de un compromiso para reformar el sistema electoral entre los senadores de la
Nueva Mayoría y de Renovación Nacional que forman parte de la Comisión de
Constitución del Senado permitió iniciar un debate muchas veces postergado precisamente
por la falta de votos necesarios para aprobar esta iniciativa.
El acuerdo que será votado en la
Cámara Alta pretende aumentar de los 38 senadores actuales a 44 agregando dos
en cada una de las circunscripciones de la Región Metropolitana y creando una nueva,
Arica y Parinacota. Junto con ello modifica las restantes circunscripciones de
tal manera que éstas abarquen enteramente las regiones. De este modo, se
elegirían cuatro senadores con un mecanismo proporcional en las nuevas
circunscripciones de Valparaíso, Maule, BíoBío, Araucanía, Metropolitana
Poniente y Metropolitana Oriente, subsistiendo el binominal en el resto de las
regiones.
A su vez, en la Cámara de
Diputados el proyecto realiza un importante redistritaje que, junto con
aumentar en 14 el número de parlamentarios (que se distribuyen en las Regiones
de Valparaíso, Bio Bío y Metropolitana), mantiene los cuatro distritos
binominales en las zonas extremas y modifica los restantes de forma de
aplicarles un sistema proporcional, quedando dieciocho distritos que elegirán 4
diputados y nueve que elegirán 6.
La reforma es sustantiva en la
medida que permite resolver varias falencias del actual sistema electoral. En
ese sentido permitirá aumentar los candidatos que postularán por cada pacto
aumentando la oferta en las distintas coaliciones; bajará el umbral para el
acceso de nuevas fuerzas políticas; mejorará las posibilidades de que una
fuerza política se imponga sobre otra en ciertos distritos y romper los empates;
y, finalmente, garantizará una cierta proporcionalidad entre los votos
obtenidos y la representación parlamentaria de los distintos partidos.
La amplitud del acuerdo
permitiría su aprobación sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la UDI en un
intento de torpedear el acuerdo ha criticado duramente el eventual aumento de parlamentarios entre otras razones
por el aumento del gasto que ello supondría junto con señalar que ello será
rechazado por la gente; de hecho, el diputado Gustavo Hasbún señaló que con esta
reforma “los partidos se están tratando de arreglar los bigotes”.
La UDI omite – o evita- el
debate electoral de fondo para colgarse de uno de los aspectos de la reforma que
por cierto es impopular pero no por ello injustificada. Es cierto que el grueso
de los puntos que se pretenden resolver con una reforma electoral se puede
alcanzar sin el mencionado aumento de parlamentarios; sin embargo, hay uno de
ellos que no, o al menos no de una forma que pueda hacer viable la reforma
misma. Me refiero al principio de
igualdad de voto, uno de los cuatro que componen lo que conocemos como sufragio
universal (junto a su carácter universal, secreto y directo) y que está
reconocido junto a los otros en nuestra Constitución. Dicho principio implica
que el voto de cada uno de los ciudadanos que componen el padrón electoral tiene
una igual influencia en resultado final con independencia de cualquier otro
factor, ya sea propiedad, clase, raza, religión, sexo u orientación política.
Ahora bien, ello no basta. Se requiere, además, que dicha igualdad no se vea
distorsionada por la conformación de las circunscripciones electorales de modo
tal que un ciudadano ubicado en distintas zonas geográficas tenga mayor
influencia que uno que ejerce su derecho a sufragio en otra. Es este último
punto el que se ve claramente vulnerado en nuestro sistema electoral vigente y
su distritaje; en efecto, la dictadura al dictar la Ley orgánica constitucional
de votaciones populares y escrutinios en el año 1989 y al diseñar en ella los
distritos tomó en consideración los resultados del plebiscito del año anterior
resultando una subrepresentación de las zonas urbanas en que el régimen había
obtenido bajos resultados. Ello tiene como consecuencia, 23 años después, que
un elector en Aysén tiene 60 veces mayor influencia en la elección de un
diputado que el que tiene un ciudadano de La Florida o Maipú. Si bien la ley
orgánica citada logró aprobar el control preventivo del Tribunal Constitucional
que le quitó todo valor a la consagración de la igualdad del voto en la Carta
fundamental[1] y
temerariamente también al resto de los principios, ello no obsta a que sea un
imperativo de los parlamentarios resolver este error en la tramitación de la
reforma electoral planteada, sobre todo porque como señala el prestigiado
académico Dieter Nohlen: “el postulado
de la igualdad del voto es hoy, sin duda, el más importante de todos los
principios del derecho electoral”[2]
Acordado lo primero, la pregunta concreta debiese orientarse a cómo
resolver esta deuda pendiente en el sistema electoral. Una primera opción, que
no requiera aumentar parlamentarios, implicaría un redistritaje agresivo que significaría
reducir la representación parlamentaria de ciertas zonas del país, lo que en los
hechos provocaría que muchos parlamentarios votaran por eliminar su propio
escaño. Es decir, una idea con nula viabilidad. Una segunda opción, y que es la
que se ha tomado, es la de aumentar en un cierto número los diputados a elegir
distribuyendo dicho aumento en las zonas urbanas más subrepresentadas del país
morigerando la enorme desigualdad en el valor del voto que existe actualmente.
Esto último, evidentemente, hace más viable la reforma y su aprobación
definitiva.
Este es el debate que debe realizarse dado que el costo económico del
aumento de parlamentarios no es tal como se amenaza. Esto, dado que la Cámara
de Diputados cuenta con excedentes y el aumento de diputados es moderado; menos
válida aún es la crítica en el Senado puesto que la eliminación de los
senadores designados en 2005 no implicó una reducción del presupuesto; es
decir, se podrían aumentar hasta a 48 los senadores sin que ello implique la
inyección de nuevos recursos.
Por cierto que esta reforma no es definitiva y quedarán temas que
deberán ser resueltos con posterioridad, tales como una nueva regulación de los
partidos políticos o el financiamiento de la actividad pública y las elecciones
mismas; pero ello es solo una confirmación de que las democracias son un proyecto
y que deben estar en permanente desarrollo y perfeccionamiento.
En síntesis, la reforma electoral que se plantea a partir del amplio
acuerdo en el Senado permitirá que Chile pueda contar con un sistema electoral
más representativo y apto para traducir el voto de los electores en
parlamentarios que los representen de mejor manera, intensificando con ello el funcionamiento de
nuestra democracia.
